¿Cuánto costaría la credibilidad de Eurovisión?

El influencer ESC Gabe, uno de los creadores de contenido más famosos de la burbuja eurovisiva, publicó hace unas horas el vídeo ¿Cuánto costaría comprar Eurovisión? en el que con varias pruebas, diversas fuentes y alguna que otra duda razonable pone en duda el sistema de votación del festival.

Después de las victorias de Ucrania e Israel en 2016 y 2018 y, especialmente, tras las guerras que estos mismos países protagonizan desde 2022 y 2024, uno como víctima y otro como agresor, este tema ha sido recurrente y ampliamente discutido, no solo por los seguidores del concurso, sino también por la propia Unión Europea de Radiodifusión y sus televisiones e, incluso, por la prensa generalista, cuando la basura ya no se podía esconder debajo de la alfombra.

Por este motivo, nos sumamos al amplio análisis de ESC Gabe y añadimos al debate otros aspectos que desvirtúan el formato actual y hacen obligatoria una renovación íntegra del sistema de votación. Se hizo en el pasado y se puede hacer en el presente, por la propia credibilidad de Eurovisión.

Televoto

755.144,86 euros. Ese es el presupuesto que ESC Gabe calcula para asegurar 400 puntos en Eurovisión. La cifra sería inasumible para una televisión o una discográfica, en términos generales, pero no para un gobierno con objetivos mucho más allá de las fronteras de un festival de canciones.

La meta, sin embargo, no solo es ganar Eurovisión. En una competición que mueve tantos intereses económicos y, por supuesto, políticos, a veces es suficiente con salvar los muebles y 50 puntos bien colocados pueden regalar una plaza en la gran final o marcar la diferencia entre un top 10 y un top 20. Tan solo es necesaria una pequeña inversión en algunos países estratégicos con poca población, audiencia o participación para asegurarse los mágicos 12. Por poner un ejemplo, solo 476 llamadas fueron necesarias para ganar el televoto en la pasada edición del Montesong de Montenegro. 4.771 en la Etapa națională 2024 de Moldavia. 5.230 en el Selecția Națională 2023 de Rumanía. Los ejemplos de candidaturas que en los últimos años han podido pagarse un pase de oro a la gran gala del sábado noche son públicos y notorios para todo aquel que quiera verlo.

El mayor escándalo documentado de la manipulación del televoto se remonta al año 2013, cuando en Lituania la prensa publicó una investigación sobre la compra de votos de la delegación azerí en Vilna, capital de este país báltico. La estrategia era muy sencilla: 10 grupos de 10 personas con 5 teléfonos cada una. En total, 500 móviles. Cada uno con 20 llamadas, igual a 10.000 votos. Un número muy cercano para garantizar los 12 puntos de los «lituanos». La UER nunca publicó los resultados desglosados de esa edición y se limitó a ofrecer unas medias de votación por país sin ningún valor estadístico. Azerbaiyán, por cierto, se quedó a las puertas de su segundo triunfo y, desde que se descubrió el carrito de los helados, sufre una grave crisis en su palmarés, hasta entonces envidiable, incluyendo tres eliminaciones consecutivas en las semifinales de las tres últimas ediciones.

Recientemente, otra web especializada, ESC Insight, demostró que 2 simples personas, con 8 tarjetas de crédito, pudieron votar en 5 minutos 160 veces cada uno, sin necesidad de cambiar teléfono, IP o correo, ni usar VPN para modificar su ubicación. 12 años después de descubrirse el pastel caucásico, hoy en día, 2 particulares pueden como mínimo poner en duda que la votación sea justa y lícita. El televoto, de hecho, es un sistema obsoleto y manipulable que, gracias al acceso global a internet, puede sustituirse por aplicaciones digitales con mayores filtros de seguridad que reduzcan la injerencia a la mínima expresión.

El cambio de método ya lo podemos comprobar en España en los principales concursos de televisión, sin ir más lejos, el Benidorm Fest, donde a pesar del avance en la última edición se siguió aceptando el voto de pago con datos, digamos, curiosos, que por suerte no alteraron los puestos calientes. La BBC, por su parte, ha comunicado este verano la supresión en todos sus programas del servicio de televoto, lo que significa que en la próxima edición de Eurovisión sus espectadores solo votarán a través de la APP. Por supuesto, la cancelación de la participación popular a través de llamadas y mensajes conllevaría una reducción significativa de la recaudación de la UER, pero: ¿Cuánto costaría la credibilidad de Eurovisión?

Jurado

Los análisis y reportajes de medios especializados sobre el sistema de votación se están centrando en los últimos tiempos en el televoto, pero el festival tiene otro grave problema y, quizá, más irritante, pues depende en gran medida de la honestidad de las televisiones participantes: El jurado.

Cinco personas de cada país elegidas por el canal a concurso sin supervisión oficial, a priori, expertas y/o profesionales de la música y las artes escénicas, aunque en muchas ocasiones nos encontremos con perfiles de trayectoria tan cuestionable como haber debutado profesionalmente en una preselección. Y primera objeción, de base. Las televisiones eligen a los jueces que van a valorar a sus contrincantes, algo así como si los políticos eligieran a conveniencia a los magistrados que investigan sus causas. Cualquier malpensado podría imaginar que si un canal es favorito y quiere ganar, no votaría a sus rivales directos, o se establecería una rueda para ayudarse entre delegaciones afines. Un único miembro del jurado, alzando o hundiendo a una candidatura, puede cambiar por completo la votación de su país por el método matemático con el que se calculan los resultados que premia o penaliza los extremos.

4 ediciones atrás se produjo uno de los mayores escándalos de la historia de Eurovisión, cuando la Unión Europea de Radiodifusión expuso en vivo y en directo en la gran final de Turín 2022 a varios países a los que intervino sus votaciones, tras detectar un patrón fraudulento en las semifinales. Los implicados fueron Azerbaiyán, Georgia, Montenegro, Polonia, Rumanía y San Marino. La solución de la UER, en vez de corregir el problema en sí y en un alarde de estupidez digno del momento que nos ha tocado vivir, fue cargarse a los jurados en las dos primeras galas, dejando la clasificatoria a merced del televoto. Este 2025, la primera semifinal la ganó Ucrania, y la segunda, Israel. 4 años en los que, ante una de sus crisis reputacionales más graves y expuesta ante los ojos de todos por la propia organización, nada ha cambiado, de hecho, todo ha ido a peor, con jurados que no solo no corrigen las debilidades del televoto, sino que profundizan en sus patrones y se dejan llevar por criterios extramusicales. Eso se le puede permitir a un particular, a ti o a mí. A un profesional, no.

Los jurados deberían ser elegidos y supervisados por agencias externas a las televisiones públicas, estar formados por más miembros y estos deberían ser anónimos hasta el fin del concurso bajo estrictas cláusulas de confidencialidad. Obviamente, esto supone otro desembolso económico y, además, un reto logístico, pero si las propias interesadas, las televisiones, no cumplen con su compromiso, es la UER quien tiene que tomar cartas en el asunto. Y llega muy tarde.

Publicidad institucional

Y seguimos para bingo. En los dos últimos años, especialmente en 2025, el Ministerio de Exteriores de ese estado del que usted me habla pagó miles y miles de euros en promocionar en redes sociales a su candidatura, lo cual de por sí quiebra el espíritu de un escenario al que todos deberían salir a cantar en igualdad. Recordemos cuando, en 2020, una de las justificaciones para cancelar totalmente la edición, en lugar de actuar en remoto desde cada país, es que no todas las televisiones disponían de los medios técnicos para ofrecer un buen espectáculo y competir con las mismas condiciones.

Y si bien promocionarse no incumple ninguna norma de Eurovisión, debería hacerlo, al igual que se han regulado nuevas realidades que afectaban a su funcionamiento. A lo moralmente cuestionable de que un gobierno invierta dinero público en estos menesteres, mientras ejecuta lo que numerosos organismos internacionales han definido como un genocidio, le sumamos lo que aquí nos ocupa: los números. En una final a 26, por una parte, tenemos a 25 países jugando con cartas principalmente musicales y, por la otra, a 1 que mete su baza política. Los interesados en lo primero reparten su apoyo entre 25, mientras que el vigesimosexto recibe un respaldo en bloque, independientemente de que el votante tenga el más mínimo interés en el festival.

La publicidad institucional que ha pagado el gobierno israelí, de hecho, se ha centrado en pedir el voto a su candidatura, en diferentes idiomas y mencionando que se podía votar hasta 20 veces por terminal, un argumentario que además los altavoces de la extrema derecha europea se encargaron de difundir durante las horas previas al festival. La española también. Y, para rizar el rizo, son los mismos que dicen que, ante un posible boicot, no se puede mezclar la música con la política. «No politics here!».

En 2024 y 2025, el televoto de los mismos 12 países, entre ellos España, dio sus 12 puntos a Israel, algo que estadísticamente roza lo imposible, evidenciando lo que se ha contado en el primer y en este tercer punto del artículo. La finalidad propagandística es clara, crear un relato de apoyo a la causa, independientemente de que la voluntad popular esté dopada. No será una sorpresa para nadie decir que Eurovisión, como cualquier otra competición, hasta las más banales, ha estado expuesto desde su fundación a intereses de diversos tipos, pero sí es la primera vez que se enfrenta a la maquinaria de un gobierno y lo que parece la impasibilidad de la propia UER.

Apuestas y reseñas

Muchísimo menos influyente y determinante que los tres primeros puntos, pero igualmente importante para barrer la casa, es el melón de las apuestas y reseñas, con sospechas más o menos fundadas de que algunas televisiones invierten en sus candidaturas en empresas de juego, webs e influencers para posicionarse como favoritas e influir con esa condición en el público y los jueces. Por este motivo, el ex Ministro de Asuntos Exteriores de Malta, Carmelo Abela, solicitó una auditoría en 2021 cuando la prensa local publicó que se habían destinado fondos para inflar las expectativas de su propuesta. El informe posterior desmintió las acusaciones, pero las conclusiones nunca vieron la luz y se consideraron confidenciales. En 2016 también se solicitó una investigación que quedó en nada, en el mismo país y por el mismo motivo, pero hay referencias de otros canales que podrían haber sacado el talonario para este tipo de estrategias de marketing. Si hay que regular la promoción institucional, también hay que hacerlo con todas las reglas del juego.