La polémica que rodea a la designación de Manel Navarro como candidato español para la próxima edición de Eurovisión no cesa después de lo acontecido en la gala de preselección Objetivo Eurovisión. OGAE España, el club de fans mayoritario, se suma a la petición de explicaciones dirigiéndose a la Fiscalía, al Consejo de Administración de RTVE, al defensor del espectador, al director de RTVE y a la UER a través de un escrito de 13 páginas en el que ruega que se esclarezca lo ocurrido.

En todo momento, OGAE España sostiene que no tiene intención de defender una candidatura en concreto y, exponiendo los hechos que más repulsa han levantado –como la elección de miembros del jurado o que la hija de la directora de entretenimiento de la cadena pública, Toñi Prieto, trabaje en Sony España, discográfica del artista vencedor en el programa–, se limita a solicitar a la Fiscalía que abra una investigación para “determinar la posible relevancia penal de los mismos”.

“Los hechos indicados podrían ser constitutivos de los eventuales delitos de estafa, corrupción entre particulares y tráfico de influencias”, constata el informe. Entre otros aspectos, se emplaza a la Fiscalía a investigar las normas de RTVE y de la UER, el nombre de los responsables de la gala, la facturación a través de las llamadas y mensajes telefónicos y la vinculación de Prieto con la discográfica Sony Music y el equipo de Manel Navarro.

Por todo ello, insta a que se llame a declarar a todas las personas vinculadas a Objetivo Eurovisión y a hacer acopio de “toda la correspondencia, SMS, whatsapps, correos electrónicos y comunicaciones en general en relación con el proceso de selección de la candidatura de España al festival”, con el deseo de que no se manche el nombre de Eurovisión.

Tal y como recogen en su página web oficial y en el citado documento, la plataforma “tiene como fin la defensa y difusión de Eurovisión” y por consiguiente “un interés evidente en que el nombre” del evento “no se vea afectado por acusaciones de corrupción”. OGAE España resalta que la UER reclama que los procesos de selección nacionales se rijan por un proceder “justo y transparente”.