Negándose a aplicar la Ley de Transparencia y recurriendo ante la Justicia. La cadena pública ha intentado obviar durante dos años y medio cuál había sido su inversión para el Festival de Eurovisión de Viena 2015. Tras evitarlo en varias ocasiones, TVE se ha visto en la obligación de facilitar los costes de participación tras la sentencia del Tribunal Supremo. Tal y como detalla la cadena pública en un comunicado, el presupuesto fue de 396.918,47 euros. La reiterada negación por parte del canal a hacer público este coste ha levantado las sospechas de una posible gestión poco ética durante la edición en la que Edurne representó a España con Amanecer, bajo el paraguas de Sony Music y Gestmusic.

“Sólo el pago a la Unión Europea de Radiodifusión de los derechos de retransmisión de las dos semifinales y de la final ya significó un coste de 286.873 euros”, indica TVE en su comunicado. Dicha cifra sigue distando mucho del coste habitual de emisión durante el prime-time en España, donde cada minuto de una serie de ficción le requiere a la cadena una inversión de unos 10.000 euros y un partido de fútbol hasta 42.000. Eurovisión le cuesta al canal público apenas 827 euros cada 60 segundos.

La información sobre el coste de Viena ha sido facilitado por la misma RTVE “en cumplimiento inmediato de la reciente sentencia del Tribunal Supremo dictada el 16 de octubre de 2017”. TVE también aclara que “la sentencia del Tribunal Supremo no impone las costas a ninguna de las partes del procedimiento”, por lo que ningún dinero público sufragará la reiterada negativa de la corporación. Asimismo, según se ha visto obligada a hacer público, “esta sentencia es consecuencia del recurso de casación interpuesto por la Corporación RTVE ante la inexistencia de desarrollo reglamentario de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, a fin de propiciar que el Alto Tribunal estableciera criterios acerca de la interpretación y aplicación de algunos preceptos de la Ley y, más concretamente, de algunas de las excepciones legalmente previstas para la denegación de la información pública solicitada”.

“MENOSCABO INJUSTIFICADO Y DESPROPORCIONADO DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN”

El Tribunal Supremo ha tenido duras palabras ante el recurso y actitud de TVE durante este litígio. “No ha quedado justificado que facilitar información sobre los gastos efectuados para participar en el festival pueda acarrear un perjuicio para los intereses económicos y comerciales, teniendo en cuenta que no se pide información sensible sobre el funcionamiento interno de la Corporación, ni sobre su sistema de producción de programas o estructura de costes; y la solicitud ni siquiera se refiere a un programa de producción propia”.

Los magistrados afirman que “no se alcanza a comprender, ni se ha intentado justificar por la recurrente, en qué forma la facilitación de esa información puede perjudicar los intereses comerciales de RTVE o favorecer a sus competidores en el mercado audiovisual”. Siendo esto así, no cabe aceptar una limitación que supone “un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información”.

LA INVERSIÓN, ARMA ARROJADIZA POLÍTICA

Desde los intereses indirectos de 2008 con una candidatura eurovisiva salida de una cadena privada como fue La Sexta con Rodolfo Chilkilicuatre -y dada la popularidad del festival- Eurovisión ha sido utilizado políticamente como arma arrojadiza en la última década. Los políticos, en ocasiones poco conocedores de los presupuestos del sector televisivo, han reprochado insistentemente a los responsables de turno de TVE el coste que tiene para el canal su participación en el programa. De esta manera, hasta 2014 se ha informado de manera anual en el Congreso de los diputados de la inversión realizada por la delegación española. A pesar de la más que discreta inversión, sus señorías siguen presionando a día de hoy en las sesiones de control de RTVE en la cámara.

PRESUPUESTO CONGELADO EN LOS 400.000 EUROS

La cifra de la participación de TVE en Eurovisión 2015 es muy similar a la de ediciones anteriores, dado que la cadena se ha impuesto un techo de gasto de unos 400.000 euros tras las diversas presiones políticas. En 2010, la inversión total ascendió a 383.384 euros, pagando un 18% de IVA; en 2011, se llegó a 419.829 euros, con el mismo impuesto; en 2012, el coste se mantuvo a 427.613 euros, al subir al 21% de IVA; en 2013 se quedó en 398.615 euros y en 2014 siguió en 386.994. Sobre la edición de este año, donde Manel Navarro representó a España, TVE sólo ha adelantado el gasto que supuso el alojamiento de toda la delegación del canal durante los 10 días de estancia en Kiev, cifrando dicho coste en 43.350 euros.

HISTORIA DE UNA SENTENCIA

Tras varios años facilitando dicha información, TVE decidió no hacer público el presupuesto dedicado a Viena 2015. Así, en mayo de 2016, un ciudadano solicitó a RTVE información sobre los gastos que la participación en Eurovisión 2015 ocasionó al ente público. La solicitud no fue respondida y, una vez presentada reclamación ante el Consejo de Transparencia, RTVE alegó que darla requería una reelaboración previa y, además, suponía un perjuicio para sus intereses económicos y comerciales. Estos mismos argumentos se mantuvieron en el recurso que presentó RTVE para no atender la resolución del Consejo de Transparencia, que consideró que la información debería proporcionarse.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Madrid instó a la cadena a “proporcionar la información solicitada” y hacer públicas las cuentas. Sólo un mes después, la corporación recurrió la sentencia a la Audiencia Nacional, que se pronunció en el mismo sentido que el juzgado anterior, avalando los tribunales por segunda vez la resolución dictada en su día por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

En la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 6 de Madrid, su titular ya consideraba que «proporcionar la información requerida sobre el coste de la participación en Eurovisión no evidencia que perjudique los intereses económicos ni comerciales de RTVE, pues lo único que se reclama es el coste total de que España haya participado en el festival de Eurovisión 2015; y cumplir con lo solicitado no permite constatar que se derive ni un perjuicio para la recurrente ni una ventaja competitiva para otros medios televisivos, ni menos aún para el servicio público que la recurrente presta».